El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado la posibilidad de dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó ciento quince muertos en nueve meses. Puente ha señalado al operador ferroviario Adif como responsable del siniestro, pero ha mantenido su cargo. La tragedia ha generado críticas en el ámbito político, con algunos exigiendo su renuncia.
El accidente de Urda, ocurrido el 14 de octubre, fue el segundo en nueve meses en la red ferroviaria. Puente ha admitido que el sistema de seguridad LZB registró 170 caídas en 2026, incluyendo 13 en el tramo de Urda. Aunque ha calificado estas cifras como «dentro de la normalidad», la tragedia ha abierto una crisis política.
Varios políticos han exigido que Puente asuma responsabilidades por el siniestro. Maribel Vaquero del PNV ha reclamado que aclare el incidente y investigue las filtraciones. Enric Juliana de La Vanguardia ha considerado que su dimisión es «absolutamente inevitable».
A pesar de la presión, Puente ha mantenido su postura y ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, Sánchez ha decidido no cesarlo, aunque no se ha decidido si participará en la campaña electoral.
La situación ha generado debate sobre la responsabilidad política de los ministros en casos de tragedias. Llamazares ha defendido que Puente debe asumir su responsabilidad, aunque distinguiendo entre culpa y responsabilidad. La solidaridad en Urda ha destacado la respuesta de la comunidad local.
