El exministro Óscar Puente se enfrenta a una creciente presión política tras dos tragedias ferroviarias que han costado al menos 115 vidas. El 28 de octubre, un tren en Urda se desvió, matando a 69 personas, y el 15 de noviembre, otro accidente en Adamuz dejó 46 muertos. Puente, responsable del sistema ferroviario, ha sido acusado de negligencia y falta de control.
En una entrevista reciente, Puente afirmó que no se puede permitir que el dolor lo paralice, aunque las cifras de muertos en ambos incidentes lo contradigan. Su postura ha sido criticada por líderes políticos y activistas. Frente Amplio, IU y otros partidos han exigido formalmente su dimisión, señalando que el modelo ferroviario liberalizado es responsable de la crisis de seguridad.
El sistema ferroviario español, en manos de empresas privadas desde 2013, ha sido cuestionado por múltiples accidentes. La Confederación de sindicatos CCOO ha denunciado la falta de inversión y mantenimiento adecuado. A pesar de las protestas, el gobierno ha mantenido su postura, argumentando que las reformas son necesarias para mejorar la eficiencia.
La indignación pública ha crecido, con manifestaciones en varias ciudades. Los ciudadanos exigen transparencia y responsabilidades claras. Aunque Puente sigue en funciones, su imagen se ha visto seriamente dañada. La situación sigue abierta, con investigaciones en marcha y expectativa por resultados.
