El ministro de Transportes, Óscar Puente, enfrenta creciente presión tras un accidente ferroviario que dejó víctimas y generó críticas. Las primeras hipótesis señalan una posible orden incorrecta emitida desde el centro de control de Adif en Madrid, tras una incidencia informática que obligó a detener varios trenes. Según Puente, un convoy de Renfe recibió la orden de reanudar la marcha cuando otro tren aún estaba detenido.
El accidente, ocurrido en Urda, ha generado una crisis política. El gobierno busca víctimas entre los trenes destrozados, mientras la oposición y el PSOE exigen respuestas. Algunas voces dentro del PSOE consideran "inasumible" que España haya registrado dos accidentes mortales en nueve meses. Moncloa ha decidido no desvincular al ministro y le ha encargado continuar con la gestión de la crisis.
A pesar de la presión, Puente se mantiene en el cargo. Durante las horas siguientes al accidente, el gobierno promovió una estrategia informativa que atribuyó la catástrofe a un fallo humano en el centro de control. Las grabaciones de conversaciones entre operadores y el ministerio han sido compartidas con los medios.
El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha exigido una destitución fulminante de Puente, advirtiendo que asumirá la responsabilidad política si no ocurre. Esta situación refleja una tensión entre la gestión técnica y la politización del sector ferroviario. Según informes, Puente ha nombrado a militantes socialistas en la cúpula de Adif, lo que ha generado críticas sobre la influencia política en la gestión de infraestructuras.
La crisis pone en evidencia las tensiones entre la responsabilidad técnica y la política en la administración ferroviaria. La situación sigue siendo delicada, con una demanda de transparencia y responsabilidad que no se ha cumplido aún.
