El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, ha generado una fuerte reacción política. El gobierno ha cedido a la presión de las organizaciones y ciudadanos que exigen medidas urgentes contra la precariedad habitacional. La situación de la anciana, que vivía en un piso en situación de inestabilidad, ha sido usada como símbolo para exigir cambios en las leyes de alquiler y desahucio.
El PSOE ha aprobado dos decretos que limitan la renta antigua, lo que podría haber cambiado su situación. Sin embargo, el desahucio se ha producido pese a estas medidas. La formación política Sumar ha recogido más de 12.000 firmas en tres horas para exigir la expropiación del piso y la aprobación de un nuevo decreto en el Consejo de Ministros.
La tensión entre el PSOE y Sumar ha aumentado en el Congreso, donde se ha discutido la emergencia habitacional. La expulsión de Maricarmen ha sido vista como un caso emblemático de la crisis de vivienda en España. Las organizaciones sociales continúan la presión para que se adopten medidas concretas que protejan a las personas en situación de vulnerabilidad.
