El desahucio de la anciana Maricarmen ha generado una crisis política en España, poniendo de relieve el problema de la vivienda. La expulsión de su hogar, que se produjo el miércoles por la noche, ha sido el detonante de una serie de reacciones en el Congreso y en las calles. El partido Sumar ha aprovechado el caso para exigir medidas urgentes, recogiendo más de 12.000 firmas en tres horas para que el Gobierno expropie su vivienda.
El PSOE, al que se atribuye la responsabilidad del desahucio, enfrenta críticas por su gestión del problema habitacional. Mientras, el PP acusa al Ejecutivo de un "balance cero" en la solución del problema. El Gobierno, por su parte, ha señalado que considera "muy factible" aprobar un nuevo decreto sobre vivienda en el Consejo de Ministros del martes.
La situación ha abierto una brecha en la coalición gubernamental, con el PSOE acelerando negociaciones para impulsar el decreto. La presión social y política se intensifica, con la comunidad política y ciudadana exigiendo soluciones concretas. El caso de Maricarmen se convierte en un símbolo del desafío habitacional que enfrenta el país.
