Los fondos buitre han adquirido miles de viviendas en España, en particular a través de la compra de propiedades públicas. Blackstone, uno de los principales fondos de inversión en este ámbito, posee actualmente 20.000 viviendas en el país. Esta adquisición se produce en el contexto de la crisis de 2008, cuando muchas propiedades públicas fueron vendidas a precios reducidos. La compra de estos bienes ha permitido a los fondos generar rentabilidades significativas. Muchas de estas viviendas se encuentran en zonas rurales o en ciudades en declive, lo que ha generado debates sobre su uso y acceso. La situación ha sido criticada por organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos a la vivienda. A pesar de las preocupaciones, los fondos continúan con sus operaciones, aprovechando la demanda de vivienda en mercados secundarios.