Colectivos de interinos en España han pedido a Bruselas que lleve al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que consideran un abuso en la utilización de la temporalidad en la administración pública. Los grupos, que representan a miles de trabajadores temporales, argumentan que la política actual favorece a los empleados fijos y pone en riesgo la estabilidad de los contratos temporales.
La denuncia se basa en la percepción de que el sistema actual permite a los empleados fijos mantener posiciones que deberían ser ocupadas por interinos, lo que genera desigualdad. Los colectivos advierten de que esta situación podría llevar a la pérdida de 626,6 millones de euros en fondos europeos si no se toman medidas.
El tema ha generado debate entre los sindicatos y las autoridades locales, que defienden la necesidad de estabilidad en la gestión de personal. Aunque no hay una decisión oficial aún, la presión por parte de los colectivos continúa, con la expectativa de que Bruselas intervenga para regularizar la situación.
