El gobierno de Estados Unidos ha ordenado a las empresas que cobren multas migratorias a personas deportadas fuera del país. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos extranjeros que han sido expulsados paguen las deudas pendientes relacionadas con su estancia en el territorio estadounidense. Las empresas deben notificar a los individuos afectados y recoger el pago de estas sanciones.
La política se aplica a personas que han sido deportadas, ya sea por inmigración ilegal o por incumplimiento de condiciones de residencia. Las multas pueden variar según el tipo de infracción y la duración de la estancia. El gobierno ha establecido un marco legal para asegurar que los ciudadanos extranjeros cumplan con sus obligaciones fiscales y migratorias incluso tras su expulsión.
Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas para reforzar el control migratorio. Aunque no se especifica el monto exacto de las multas, el objetivo es fomentar la responsabilidad de los individuos y las empresas en la gestión de asuntos migratorios. La implementación de esta política sigue en proceso y aún no se han reportado casos concretos de aplicación.
