La presidenta Keiko Fujimori defendió públicamente a policías y militares peruanos durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, destacó el rol de estos agentes en la lucha contra el terrorismo interno y criticó la continuidad de juicios por crímenes cometidos en el pasado. Fujimori sostuvo que quienes ya fueron juzgados y sentenciados deben dejar de ser investigados, argumentando que su labor fue necesaria para la estabilidad del país.

La reacción no se limitó al ámbito político. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó las declaraciones de Fujimori, señalando que las palabras de la mandataria vulneran la independencia y la autonomía de los jueces. Tello insistió en que los procesos judiciales deben continuar, independientemente de las opiniones políticas.

Aunque Fujimori defendió a los agentes que participaron en la lucha contra el terrorismo, su postura generó críticas en sectores que consideran que los juicios deben proseguir. La tensión entre la política y el sistema judicial sigue siendo un tema de debate en el país.

La discusión refleja una división en la sociedad peruana sobre el tratamiento de los crímenes del pasado y la responsabilidad de quienes los cometieron. La ONU, como espacio de diálogo, ha sido testigo de esta confrontación entre diferentes visiones del pasado.