El ministro de Transportes Óscar Puente enfrenta una creciente presión política tras el accidente en la línea de tren de Urda y denuncias sobre la politización de la gestión ferroviaria en España. Las críticas se centran en la gestión de la red de alta velocidad y en la posible responsabilidad del gobierno en la crisis.
La periodista Sandra León revela en su análisis que Puente no ha cumplido con las promesas de modernización de la red ferroviaria, lo que ha generado una serie de peticiones de dimisión entre los funcionarios. Además, se ha denunciado la expulsión de técnicos y la promoción de militantes socialistas en la cúpula de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exige que Puente asuma su responsabilidad por el accidente de Urda y rechaza culpar a los trabajadores. Esta postura refleja una creciente demanda de transparencia y responsabilidad política en la gestión del transporte.
La situación ha generado una polarización en el debate público, con críticas tanto desde la oposición como desde sectores dentro del propio partido en el poder. La presión sobre Puente se intensifica a medida que se revelan más irregularidades en la gestión ferroviaria.
