La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justificó el desahucio de Maricarmen como una medida legal y atribuyó la responsabilidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de alentar las protestas. En un acto con empresarios, Ayuso destacó que el desalojo se realizó conforme a la ley y recordó que anualmente se ejecutan unos 25.000 desahucios en España.
La líder regional afirmó que el Gobierno no ha modificado las leyes que regulan estos casos en ocho años, lo que ha generado tensión en la sociedad. Además, calificó las protestas que se produjeron tras el desahucio como "algaradas" impulsadas por Sánchez. Esta postura ha generado críticas y presión sobre el Ejecutivo para que apruebe un decreto de vivienda y expropie la vivienda de Maricarmen.
El caso de Maricarmen ha convertido en un símbolo de debate sobre la precariedad habitacional en España. Mientras Ayuso defiende la legalidad del desahucio, otros grupos políticos, como Sumar, exigen medidas más radicales para resolver la situación. La tensión entre las autoridades y la ciudadanía sigue siendo un tema de debate nacional.
