La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han sido señalados por el presidente Sánchez tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. El caso ha generado una fuerte reacción en las calles, con manifestaciones en Madrid y Barcelona. La nueva cláusula antidesahucios del gobierno, que aún no se ha aplicado, podría haber evitado la expulsión si se hubiera cumplido con las condiciones establecidas.
Los protestantes han concentrado su indignación frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí. La situación de Maricarmen ha sido presentada como un símbolo de la crisis de vivienda en España, con denuncias sobre la falta de alternativas habitacionales. El Ministerio de Vivienda ha explicado que la prohibición de desahucios solo se activa cuando no hay opciones viables.
El presidente Sánchez ha reconocido la "tragedia" de Maricarmen, pero ha evitado una autocrítica directa sobre la crisis de vivienda. La comunidad política y social sigue en tensión, con llamados a medidas más firmes para proteger a los más vulnerables. La situación sigue siendo un punto de debate nacional.
