La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una propuesta de reforma parcial a la Ley Constitucional contra el Odio. Esta iniciativa busca modificar la legislación que regula el combate al odio y la intolerancia en el país. La reforma se enmarca en un contexto de críticas recurrentes sobre el uso de esta norma en el sistema judicial venezolano.
Varios actores políticos han respaldado la solicitud de Rodríguez. El Programa para la Paz y la Asamblea Nacional han manifestado su apoyo a esta propuesta, considerando que podría contribuir a una transformación en el sistema de justicia penal. Aunque la reforma aún no ha sido aprobada, su presentación refleja un intento de ajustar una ley vista como insuficiente o mal aplicada.
Algunos grupos opositores, como exdiputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, también han expresado esperanza en los efectos de esta reforma. Ellos han señalado que podría ayudar a restablecer derechos fundamentales en Venezuela. La iniciativa sigue siendo un tema en discusión, con posibles implicaciones en la política y la justicia del país.
