El Gobierno ha decidido prolongar hasta diciembre la rebaja fiscal aplicada a la gasolina y el diésel, en respuesta a la subida de precios que ha afectado a los ciudadanos. Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación energética, que ha generado preocupación entre la población. Además, el Ejecutivo ha aprobado dos reales decretos que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030, una medida que ya había sido promovida en años anteriores.
La prórroga de los contratos de alquiler vigentes y la regulación del alquiler de temporada o habitaciones son otras de las acciones incluidas en las nuevas normativas. Estas medidas reflejan la intención del Gobierno de estabilizar el mercado inmobiliario y garantizar la seguridad de los hogares. Aunque la rebaja fiscal se limita a los combustibles, la protección de los inquilinos se extiende a toda la población, con un plazo de aplicación hasta 2030.
La decisión de prolongar la rebaja fiscal se toma en un contexto de creciente presión inflacionaria, mientras que la protección antidesahucios busca ofrecer un marco legal más claro para los hogares en situación de vulnerabilidad. Ambas medidas son parte de un conjunto de acciones que el Gobierno ha presentado como respuesta a las necesidades más urgentes de la sociedad.
