Los propietarios del piso donde vivía Maricarmen denunciaron al Sindicato de Inquilinas por presuntas coacciones durante el desahucio. La empresa reclama 10.000 euros en daños y perjuicios, acusando al sindicato de revelar secretos y emplear injurias.
La situación se complicó tras la expulsión de la mujer de 87 años, que fue desahuciada de su vivienda. Ayuso, la pareja de Maricarmen, se mostró afectada por el caso y afirmó que el sindicato la acosaba. Durante una entrevista, insistió en su situación de alquiler, aunque no detalló más la situación.
LaSexta volvió a preguntar sobre el caso, pero Ayuso se centró en su propia experiencia, evitando profundizar en los detalles del conflicto. La tensión entre los propietarios y el sindicato sigue en aumento, con acusaciones mutuas que no se resuelven con facilidad.
El caso de Maricarmen sigue siendo un punto de controversia, con denuncias en ambos lados. Mientras los propietarios buscan justicia económica, el sindicato defiende la acción realizada, aunque sin aclarar los motivos exactos.
