El Gobierno enfrenta un desafío complejo para reintegrar a los menores de Ceuta con sus familias, según revelan fuentes del Partido Popular que bloquean la discusión en la próxima conferencia sectorial. La cifra actual de niños y jóvenes identificados asciende a 1.898, pero podría aumentar en otros 4.000, según Save the Children.
La situación ha generado tensiones entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, que muestran recelos ante la gestión del retorno. Aunque el Gobierno ha anunciado su compromiso con la reintegración, las autoridades locales temen la falta de recursos y coordinación.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la atención a los migrantes tras la entrada masiva de julio, pidiendo datos sobre personas en la calle, menores no acompañados y solicitantes de asilo. La institución busca clarificar la situación y garantizar derechos básicos.
El Partido Popular ha exigido que se convoquen consultas al embajador de Marruecos tras las declaraciones del ministro de Justicia, que cuestionaron la españolidad de Ceuta y Melilla. Esta tensión refleja la complejidad de la gestión migratoria en el contexto de la soberanía territorial.
