La activista española Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció tras ser desahuciada de su vivienda en el barrio del Retiro, en Madrid. La noticia ha generado una gran conmoción en el país, con manifestaciones y protestas en las calles de la capital. El gobierno ha anunciado un adelanto electoral en respuesta al impacto de su caso.
El desahucio de Abascal, que vivió en la misma casa durante 70 años, se convirtió en un símbolo de la crisis del alquiler en España. Según informes, la mujer fue hospitalizada tras ser expulsada, y su muerte se produjo días después. El gobierno aprobó un decreto que paralizó desahucios similares, incluido el de la casa de Mariflor.
La muerte de Abascal ha intensificado las protestas contra la política de vivienda del país. Miles de personas se reunieron en Madrid para rendirle homaje, marchando hacia el Parlamento y gritando "La lucha continúa, Maricarmen vive". La situación ha generado debates sobre la precariedad del acceso a la vivienda en España, con críticas a la falta de medidas concretas por parte del gobierno.
El caso de Abascal ha sido un catalizador de movilizaciones sociales, poniendo de relieve las tensiones entre los ciudadanos y las autoridades. Aunque el gobierno ha tomado medidas, la demanda por reformas más profundas sigue siendo una prioridad para las organizaciones de derechos. La situación refleja una crisis social que ha movilizado a diferentes sectores de la sociedad española.
