La muerte de Maricarmen Abascal a sus 54 años a causa de una complicación médica ha generado una polémica en Espagne. Dirigentes del Partido Popular (PP) han criticado el Gobierno por no haber intervenido en su caso y por usar su muerte como herramienta electoral. El PP ha reclamado que el Gobierno no haya ayudado a la mujer, que vivía en una vivienda precaria, antes de su fallecimiento.
El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ha utilizado los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para justificar la intervención del mercado inmobiliario. La encuesta, realizada en junio, muestra que el 67% de los encuestados considera que el Estado debe intervenir en el mercado de la vivienda «tanto como sea necesario». Esta encuesta se ha convertido en un argumento clave para el Ejecutivo para defender sus decretos de control inmobiliario.
La muerte de Maricarmen ha puesto de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición. Mientras la izquierda acusa al Gobierno de «asesinato» por no haber actuado, la derecha culpa al Ejecutivo de no haber protegido a la mujer. La situación ha generado un debate público sobre la crisis de vivienda en España y la responsabilidad del Estado en casos de vulnerabilidad.
