Miles de personas se movilizaron este sábado en más de 50 ciudades españolas en protestas contra el rechazo de partidos conservadores a dos decretos de vivienda aprobados por el gobierno. Los manifestantes denuncian un aumento de precios y dificultades para acceder a una vivienda digna. El Sindicato de Inquilinas convocó las marchas como respuesta al veto de PP, Vox y Junts, que bloquearon la aplicación de medidas que buscaban ayudar a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad.

La joven Patricia de Torrelodones denunció una subida de 750 a 1.600 euros en el alquiler, lo que la obligó a dejar su piso y vivir en casa de sus padres o en el de una amiga. Ana Redondo, ministra de Igualdad, acusó a los partidos rechazados de ser una "derecha despiadada" que no repara en desahucios. Ella destacó que las mujeres son las más afectadas por la crisis de vivienda.

La crisis se agrava con el rechazo de los decretos, que incluían medidas para regular el mercado inmobiliario y proteger a los inquilinos. El Congreso rechazó los textos, lo que ha generado tensión política y social. En Valencia, los manifestantes intentaron acceder a un congreso inmobiliario, lo que provocó disturbios y cargas policiales. La situación ha reabierto el debate electoral, con rumores de elecciones anticipadas.