La Comunidad de Madrid ha alertado sobre el impacto negativo del decreto que regula los centros de datos, considerando que invade competencias territoriales y genera inseguridad jurídica. El gobierno regional afirma que esta normativa pone en riesgo inversiones estratégicas en la región.
El decreto, aprobado por el gobierno central, establece nuevas reglas para la ubicación y operación de centros de datos, con el objetivo de regular el uso de la infraestructura digital. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostiene que esta medida no ha sido debidamente negociada y que afecta a su autonomía en materia de planificación territorial.
Este desacuerdo surge en un contexto de creciente competencia entre niveles de gobierno en temas de tecnología y digitalización. La región ha sido una de las más dinámicas en la atracción de inversiones en infraestructura digital, lo que ha generado expectativas altas sobre el impacto económico de los centros de datos. La situación refleja una tensión entre la regulación nacional y las necesidades locales de desarrollo tecnológico.
