Los dos decretos de vivienda presentados por el gobierno de Pedro Sánchez fueron rechazados en el Congreso de los Diputados este viernes. Los proyectos, que buscaban frenar desalojos y limitar alquileres, obtuvieron 178 y 184 votos en contra, respaldados por los partidos conservadores PP, Vox, Junts y UPN. La decisión fue celebrada por sectores de la derecha, que veían en los decretos una amenaza a la libertad de propiedad y a la estabilidad del mercado inmobiliario.
La caída de los decretos ha generado una reacción inmediata en las calles. Miles de manifestantes se reunieron en Madrid, exigiendo una huelga general y criticando la postura de los partidos que se opusieron. Algunos activistas destacaron el "enfado" generalizado por el rechazo, señalando que la ultraderecha cumplió con lo que se esperaba de ella. "Nunca nos hemos fiado de Junts, de Vox o del PP", afirmó un participante.
El gobierno, por su parte, ha evitado cerrar escenarios políticos. Fuentes del Ejecutivo indicaron que están "tranquilos" tras el rechazo, pero dejaron la decisión de un adelanto electoral en manos de Sánchez. Aunque no se descarta una movilización electoral, el PSOE ha elevado el tono contra los partidos que se opusieron, señalando que su postura ha debilitado la protección de millones de inquilinos.
La situación abre un nuevo escenario político, con posibles consecuencias en el horizonte electoral. La caída de los decretos ha dejado a los inquilinos sin protección legal y ha intensificado las tensiones entre el Ejecutivo y la mayoría del Parlamento. La respuesta del gobierno dependerá de su capacidad para reaccionar ante una crisis que afecta directamente a la población más vulnerable.
