El presidente del PSOE, Pedro Sánchez, ha solicitado al Tribunal Supremo que revise la aplicación de la "ley de nietos" y devuelva el derecho a voto a más de 400.000 españoles. Esta medida, según el gobierno, afecta a personas cuyos abuelos fueron nacionalizados durante la dictadura de Franco, lo que les impide participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
La ley, promulgada en 2021, establece que los nietos de quienes fueron expulsados del país durante la Guerra Civil y la dictadura pueden perder su derecho a voto si no se han nacionalizado. Sánchez ha argumentado que esta norma es ilegal y ha pedido al Tribunal Supremo que ordene la devolución del voto a los afectados.
El gobierno ha señalado que la ley ha generado una "desafección" entre ciertos sectores de la población, especialmente entre aquellos que consideran que la norma es injusta. Aunque el PSOE ha intentado defender la medida como una forma de regular la participación electoral, la crítica ha sido fuerte, especialmente desde el Partido Popular y Vox, que han cuestionado su legalidad.
La situación se ha complicado con la proximidad de las elecciones, que se celebrarán el 29 de noviembre. Sánchez ha aprovechado el contexto para lanzar una demanda legal, buscando así ganar apoyo en una campaña electoral marcada por la crisis económica y la tensión social.
La decisión del Tribunal Supremo podría tener un impacto significativo en el resultado electoral, ya que los afectados son un grupo considerable y su voto podría influir en la distribución de escaños. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de la ley continúa abierto, con opiniones divididas entre partidos y ciudadanos.
