La desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en Madrid desde hace 70 años, ha generado un escándalo nacional. La decisión judicial que le quitó su hogar ha abierto una grieta en el Gobierno, con el PSOE y sus socios parlamentarios acusándose mutuamente por la falta de medidas protectivas en materia de vivienda. El caso ha sido calificado como símbolo de un drama silencioso, con más de 50 casos similares al día en España.
El propietario del piso ha lamentado la "manipulación política" y ha señalado que sin la intervención del sindicato, podría haberse alcanzado un acuerdo. Por su parte, Sumar ha criticado duramente la oferta de Urbagestión para que Maricarmen regrese a su vivienda, calificándola de "sádica". Mientras, el Ejecutivo prepara un decreto con tres medidas clave, aunque aún no ha logrado un consenso total entre los partidos.
La situación ha generado una polarización política, con el PSOE y Junts buscando una solución, mientras que el PP rechaza actuar. La protesta se extiende por todo el país, con movimientos sociales que exigen nuevas medidas. La crisis ha puesto en evidencia las tensiones entre el sistema político y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
