Los educadores sociales de Aragón han expresado su preocupación por los cambios introducidos por Vox en los centros de menores, considerándolos inadecuados y novedosos. El Colegio Profesional de Educadores Sociales, que celebra este año su vigésimo aniversario, ha pedido la revocación y nulidad de la orden emitida por el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Esta orden permite contratar personal sin la cualificación requerida, lo que ha generado descontento entre los profesionales del sector.
La medida ha sido criticada por su falta de rigor, ya que implica una relajación en los requisitos de formación para el personal que trabaja con menores. Los educadores sostienen que esto podría afectar la calidad del cuidado y la atención que reciben los niños. Aunque Vox defiende que estas reformas buscan simplificar procesos y reducir burocracia, los profesionales argumentan que se pierde la garantía de competencia necesaria.
La situación ha generado una discusión en torno a la regulación de los centros de menores y la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los menores. La crítica se centra en la necesidad de mantener estándares mínimos para proteger los derechos de los niños.
