El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó públicamente la Corte Suprema de Justicia por su decisión de dejar vigente un artículo del decreto nacional (DNU) sobre la Ley de Tierras. En una declaración reciente, Kicillof sostuvo que el fallo judicial "se propone legalizar el saqueo" y que el Gobierno intenta usar el sistema judicial para impulsar una medida que no logró aprobar en el Congreso. Esta crítica se enmarca en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y las provincias, especialmente en temas de propiedad y uso de la tierra.

El debate sobre la Ley de Tierras ha generado controversia por su impacto en la gestión de los recursos naturales y la propiedad privada. Kicillof señaló que el fallo de la Corte no resuelve el problema, sino que lo complica, al permitir la continuidad de un artículo que, según él, favorece intereses no legitimados. Esta postura refleja una creciente desconfianza entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales, que ven en la decisión un intento de imponer una política sin consenso.

Paralelamente, el Partido Junts, coalición política en Cataluña, expresó su decepción y preocupación por el decreto de Vivienda aprobado por el Gobierno. Junts tachó la medida de insuficiente y acusó al Ejecutivo de falta de rigor en su redacción. Aunque el decreto busca mejorar las condiciones de vivienda, la coalición mantiene la incógnita sobre su voto en el Congreso, lo que refleja una división interna y una resistencia a la propuesta del gobierno.

La situación refleja una polarización política creciente, con el Gobierno enfrentando críticas desde diferentes frentes. La ley de violencia vicaria, por su parte, sigue en tramitación, con el objetivo de establecer nuevas sanciones y prohibir la difusión de contenidos vinculados a delitos. Esta norma busca prevenir casos como el del libro de José Bretón, aunque su aprobación aún depende de la votación en el Congreso.